Héctor Superti: Conocido penalista rosarino, profesor titular de la cátedra de Derecho Procesal Penal en la Facultad de Derecho de la UNR y docente de otras casas de estudios del país y del extranjero. Director de la revista de Derecho Penal y del Centro de Estudio de Derecho Procesal Penal Comparado de Rosario. Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Penal, Panamericano y Asociación Argentina de Derecho Procesal.
“El sistema judicial de la provincia de Santa Fe hoy no es bueno”
El Ministro de Justicia y Derechos Humanos aseguró que desde el gobierno están trabajando sobre un nuevo mapa judicial para que el acceso a la justicia sea posible. Además criticó la Ley de Ministerio Público, detalló los cambios en el Consejo de la Magistratura y profundizó sobre la problemática de los menores y los delitos afirmando que “hay un pico de violencia muy notable que nos ha colocado a nivel de homicidios entre los primeros en Latinoamérica”.
No es lo mismo el sur que el norte para la radicación de las agencias judiciales, hay que tener en cuenta
índice de litigiosidad.
Prof. Sánchez Fabián – Periodista.
Dr. Bukovac Carlos – Abogado.
¿Cuándo se dio cuenta que quería ser abogado?
Te voy a contar dos hechos: primero que sin ningún tipo de relación familiar con la abogacía, en la primaria y sin saber bien porqué ya quería ser abogado. Muchos años después cuando una vez me encontré con una persona que yo estime que era inocente, sometida a una situación tremenda de la vida y ante una injusticia muy significativa, decidí asumir la defensa porque me acorde de aquella sensación que tuve en la primaria y me dije: si no asumo esta defensa no tenía sentido el haber vivido esa experiencia vocacional cuando era chico.
¿Cómo describirías el estado actual de la justicia en la provincia de Santa Fe?
La calidad institucional del sistema judicial de la provincia de Santa Fe hoy no es buena, y en algunas áreas como la procesal penal es malo. Esto lo digo haciendo una distinción entre lo que es el sistema y la gente. Me refiero a los sistemas no a la gente, ya que tanto entre los jueces, los fiscales como también los que ejercen la profesión hay un material humano muy valioso.
¿Cree que es correcta la distribución territorial del sistema judicial en la provincia?
El gobierno está trabajando sobre un nuevo mapa judicial que va a distribuir los tribunales en las cinco regiones de la provincia de acuerdo a la densidad demográfica y los índices de litigiosidad. No es lo mismo el sur que el norte; para la radicación de las agencias judiciales - fiscalías o tribunales – hay que tener en cuenta la densidad demográfica, el índice de litigiosidad y la estructura de caminos para que el acceso a la justicia sea posible.
¿Cómo se logra cambiar el sistema jurídico?
Para poder cambiar y lo acoto al sistema penal, que nos está en este presente involucrando a todos, hay que trabajar en tres niveles. Por un lado tomando como referencia al Código Procesal Penal que ya está sancionado hace falta la base normativa para que sea operativa, concretamente la Ley de Ministerio Público, Ley del Ministerio de la Defensa, la regulación de lo que sería la colegiación de los jueces u oficiales de gestión judicial, la Ley de Implementación y la Ley de Transición. En otro nivel hace falta la capacitación de los operadores y por último hace falta la infraestructura adecuada donde uno de los puntos importantes es el nuevo mapa judicial. En ese sentido los dos organismos que mayor reforma de infraestructura han de tener son las fiscalías y las defensorías.
¿Qué defectos encuentra en el proyecto inicial de la Ley de Ministerio Público?
El proyecto tiene muchos defectos. Hay una cierta incompatibilidad en una combinación Código Procesal Penal-Constitución-ley de Ministerios. El sistema del Código Procesal Penal presenta un modelo adversarial, esto significa que el diseño se apoya en dos partes de plano de igualdad que discute frente a un tercero imparcial, estas partes son el actor que podría ser público, el fiscal o privado querellante y el imputado. Para que este modelo funcione no tiene que haber vinculaciones ni entre el fiscal con la Jurisdicción ni entre la defensa con la Fiscalía. El proyecto de Ley de Ministerio tiene un primer problema que es que hace percibir a la Fiscalía por parte del Procurador de la Corte y entonces si el Procurador según la constitución de la provincia integra la Corte y luego preside a los fiscales estamos mezclando acción con jurisdicción, y si además dentro de esa estructura le colocamos la Defensa Pública estamos vinculando indebidamente acusación con defensa; por lo tanto ese diseño es incompatible con el modelo acusatorio y adeversarial.
¿Hay alguna otra crítica?
Hay otras críticas, como por ejemplo, el sistema de controles y la capacidad y fortaleza que se le da al jefe de los fiscales. Nosotros participamos en principio de la idea de que el jefe de los fiscales tiene que tener una gran fuerza ideológica en cuanto a que debe poder dictar instrucciones generales con carácter obligatorio pero no tiene que tener la capacidad operativa de poder abocarse a cada causa en particular, en nuestro diseño el sistema de control implica que esas disposiciones generales luego las tiene que hacer cumplir y traducir en disposiciones particulares el fiscal a cargo de cada Región. Esto genera una unidad de criterio pero por otra parte evita que una persona tenga un obsesivo poder que no sea adecuado a un modelo republicano.
¿En qué consistieron los cambios del Consejo de la Magistratura y cuales son sus beneficios?
Los cambios en el Consejo de la Magistratura apuntan a lograr transparencia, excelencia, celeridad, regionalización y participación popular. En el diseño constitucional el proponer a la legislatura jueces a los fines del acuerdo es una facultad exclusiva del Poder Ejecutivo, por eso que la palabra Consejo de la Magistratura hay que usarla en su justa medida en la provincia de Santa Fe, no es lo mismo a la idea tradicional entendida como órgano de gobierno del Poder Judicial. En ese sentido ya hace unos años se ha ido diseñando una autolimitación de esa facultad mediante un proceso de selección que cada gobernador fue estableciendo. El nuestro que pensamos que es superador que los anteriores tiene en cuenta tres puntos clave: a) la capacitación técnica, b) la aptitud psíquica, c) el compromiso con el Estado de Derecho que son los requisitos que creemos válidos para cualquier Magistrado considerando la importante función que tiene que desarrollar.
¿En qué consiste cada uno de estos puntos claves?
Respecto a la capacitación técnica se logra mediante un concurso de antecedentes y oposición, y como jurado de ese concurso se han convocado a representantes propuestos por los Colegios de Abogados, Magistrados y universidades públicas. Un segundo tramo es el de análisis psicotécnico y luego viene el análisis de compromiso con el Estado de Derecho y con la vigencia del sistema constitucional y los tratados internacionales, y esto se trata de lograr mediante una entrevista pública que se efectúa delante de un tribunal evaluador integrado por representantes de las universidades y el Secretario de Justicia en la cual y aquí aparece lo de la participación ciudadana que puede formular preguntas las personas que asistan, pero hay requisitos, por ejemplo las preguntas no pueden ser dirigidas a un candidato sino que la misma pregunta se les hace a todos los candidatos ternados.
En el proceso de selección técnico el que no logra determinado puntaje queda separado del concurso y los que llegan a tener ese mínimo generan un orden de mérito. Ese orden es lo único que puede alterar quienes realizan la entrevista, por lo tanto la terna es obligatoria en cuanto a los integrantes y solo puede fundadamente en la entrevista modificar el orden de mérito, y de ahí sale la terna definitiva que se le presenta a cada gobernador que también fundadamente puede modificarla porque sino sería un modelo inconstitucional dada que la facultad es del gobernador.
¿Cuál sería la función de los centros de asistencia judicial que están por crearse?
Cuando se modificó la Ley de Ministerio dentro del área del Ministerio de Justicia una de las competencias que se les atribuye fue la de generar mecanismos, proyectos y programas que favorezcan el acceso a la justicia y la asistencia judicial.
En el marco de esa competencia nos parece muy importante que existan centros de asistencia judicial a los fines que las personas que no tengan posibilidades de contratar un abogado particular encuentre en ese servicio, por eso lo de asistencia, brindado por el Estado.
No desconocemos las existencias de las Defensorías dentro del Poder Judicial e incluso las barriales dentro de Rosario y Santa Fe pero también somos concientes que están rebasadas por el trabajo y por otra parte es una desarmonía institucional porque tienen que litigar frente a esos tribunales personas que integran el mismo poder que los jueces.
Hay un decreto que crea centros de asistencia en la provincia para lograr que este servicio favorezca el acceso a la justicia y además dentro de estos centros va a haber una oficina de asistencia de atención a las víctimas.
¿Dónde estarán ubicados los distintos centros?
En este sentido estamos decididos a poner en marcha el centro prioritariamente en la ciudad de Santa Fe porque hay un pico de violencia muy notable que nos ha colocado a nivel de homicidios entre los primeros en Latinoamérica después de San Pablo y de Bogotá y por ello pensamos que asistiendo a las víctimas y en este sentido seguimos las recomendaciones de las Naciones Unidas no solo vamos a cumplir con un deber del Estado sino que también vamos a favorecer a pacificar a la sociedad. Porque si una persona víctima no se siente asistida y no se le dan los instrumentos para que pueda hacer valer sus derechos ante la justicia puede verse tentada a agarrar un palo y de ahí se desencadena un espiral de violencia cada vez mas largo.
Teniendo en cuenta el aumento de la inseguridad, ¿Van a trabajar en conjunto con el Ministerio de Seguridad?
Si, el gobierno es uno solo. En mi ministerio hay tres actuaciones que tienen que ver directamente con la seguridad y que son: los centros de asistencia judicial y asistencia de la víctima, la justicia penal juvenil y nosotros también tenemos el Patronato de Liberado que es una inclusión muy importante porque capta al que va a salir de la cárcel desde antes de que salga y lo sigue en los primeros tiempos en que se encuentra bajo la libertad condicional y ese es el lapso en el que la persona tiene el mayor riesgo de reincidir. Si nosotros logramos, que actualmente no se hace, que se cumpla no solo con el control sino también con la asistencia a esa persona seguramente vamos a bajar los índices de reincidencia y estamos tributando a la seguridad.
¿Qué soluciones ve posible para solucionar las malas condiciones del IRAR?
El IRAR es hoy un nombre y un paradigma que tenemos que cambiar, sin embargo la justicia penal juvenil se ha visto beneficiada por el Ministerio por una serie de cambios normativos muy importantes a partir de la Convención de los Derechos del niño, de los tratados internacionales de los Derechos Humanos, de la Ley Nacional dictada en consecuencia, etc. Hoy el Estado debe generar y ofrecer programas que apunten por un lado a dar seguridad a la gente pero por otra parte a permitir que esta persona sea respetado en sus derechos y sea favorecido en su reinserción social. Nosotros estamos profundizando y reformulando tres programas: los programas de libertad asistida, los programas en lugares donde si bien se permite estar en un encierro se llama de puertas abiertas, porque la persona no puede salir pero no hay una medida física que los contiene, es como un internado y luego los lugares que se llaman de puertas cerradas donde la persona está detenida y hay un sistema de seguridad, en esta categoría se encuentra el IRAR.
Nosotros al IRAR tenemos la decisión política de cerrarlo porque no me sirve para los programas adecuados a estas exigencias, no lo podemos hacer ya porque no tenemos el establecimiento donde trasladarlo, tenemos si el diseño del establecimiento y enfrentamos un problema muy serio que es el lugar físico porque todo el mundo quiere que la gente este en las cárceles pero cuando uno quiere hacer una cárcel nadie la quiere tener cerca.
¿Qué medidas se están tomando mientras se espera el traslado?
Mientras tanto estamos trabajando en un proceso de recuperación de la normalidad en el IRAR, no se si ustedes recordaran que fue intervenido y estuvo totalmente a cargo del servicio penitenciario. Ahora estamos retomando con operadores de la Dirección del Menor en conflicto con la Ley Penal toda la parte de asistencia médica, queremos llegar a tener todo el trato con los internos a cargo de operadores del Ministerio de Justicia y dejar el servicio penitenciario para la custodia perimetral para que no se escapen, distinguiendo lo que es tratamiento y seguridad.
¿Los menores en situación de abandono deben ser responsabilidad del Poder Ejecutivo o de los jueces?
El viejo patronato fue derogado en función de las Convenciones Internacionales por la sencilla razón que el modelo que se llamaba de la situación irregular el menor abandonado y el menor en conflicto con la Ley Penal recibía un tratamiento similar que era el encierro y que hizo que la Corte dijera que es un problema de “etiquetas”, que yo a uno le dijera que estaba encerrado por abandono o le diga que esta encerrado por estar en conflicto es un problema de etiqueta pero la realidad es la misma que estaban encerrados; quiere decir que respecto a la situación de abandono es un problema que yo creo que cae en cabeza del Poder Ejecutivo y eso es claro cuando no hay conflicto con la Ley Penal.
Hay una situación gris que es cuando la persona entra en conflicto con la Ley Penal y es inimputable, menor de 16 años, y demuestra cierta peligrosidad porque nuestra ley de responsabilidad penal de los menores les daría alguna facultades a los jueces para intervenir. Luego están los de 16-18 con posible responsabilidad penal donde es competencia de los jueces en función del menú que le ofrece el Estado y luego del diagnóstico colocar a los menores en alguno de los programas. Pero nosotros estamos convencido que el Poder Ejecutivo tiene que hacerse cargo de la situación con o sin intervención de los jueces.
¿Y en cuanto a todo menor de 16 años con problemas de drogas?
Es una tarea del Estado el tema de la drogadicción, son tres ejes que se suelen cruzar: abandono, drogadicción y delito. Los chicos abandonados suelen caer en la droga y luego suelen caer en el delito. En el tema adicción dentro del Ministerio de Desarrollo Social estamos desarrollando un centro de adicciones que no significa un lugar para encerrar a los adictos sino que es un lugar especializado en el tratamiento de personas que tengan adicciones y lo que vemos que la mayoría de los menores no son adictos en el sentido estricto de la palabra, es decir que no son drogadependientes sino que son experimentadores con tendencia a poder ser adicto, o sea que se puede trabajar con ellos y que además su cercanía con las drogas es una cercanía muy especial, se drogan con cualquier cosa lo que evidencia en el fondo un grave problema de abandono.
¿Cómo se van a controlar las manifestaciones sociales y los cortes?
El tema de la conflictividad social y el Derecho Penal es un tema delicado porque por un lado no hay que penalizar los conflictos sociales pero por otra parte no podemos permitir que se viole la cultura de la legalidad. Lla mejor manera de enfrentar estas situaciones es tratando de lograr al conflicto que la instala una situación pacifica. Solamente habrá que llegar a otro tipo de medida cuando se agoten las instancias pacificas que son muchas, por eso hemos convocado a todos aquellos que integraban el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado que quisieran capacitarse como negociadores y pacificadores para que ante una situación de esta naturaleza intentar destrabar pacíficamente el conflicto o buscar la manera de que la protesta no caiga sobre los derechos de los demás; en ese equilibrio creo que esta la salida.
¿Cuáles cree que son las ideas antiguas que hay que cambiar?
Por ejemplo confundir garantismo con falta de eficacia. El garantismo sin eficacia no existe, la eficacia sin garantismo es totalitarismo. No es eficacia vs garantía es eficacia con garantía, ese es el desafió. Cuando hablamos de garantías estamos hablando de garantías y de Derechos Humanos de todos los que participan en el drama, que luego se ventila en un proceso penal; víctimas y victimarios. Lo que pretendemos nosotros es que el Estado actúe, que lo haga con todas las energías pero respetuoso de los derechos y garantías de todos los que intervienen –víctimas y victimarios- yo he criticado muchas veces el sistema santafesino, entre otras cosas, porque no permite la querella y de tal suerte está violando el derecho de las víctimas a una tutela judicial efectiva que le garantizan los tratados.
En una oportunidad dijo que desea crear “el mejor sistema de justicia”, ¿Cómo se logra?
Uno siempre aspira a hacer lo que cree que mejor tiene que hacer. Le puedo decir cual es mi fantasía de mejor sistema de justicia. En materia penal, por ejemplo, creo que el mejor sistema de justicia es aquel que logre que las personas que han llegado a tener una situación tan violenta como es el delito pueda recomponer en alguna medida esa relación alterada, eso significa una intervención estatal importante, eficaz, no prescindiendo de lo que le pasó a la victimita y no prescindiendo de la historia y situación del imputado. Si nosotros logramos que la reacción del Estado comprenda el drama de la víctima y el drama del imputado y aplique la ley equilibradamente yo ceo que el Ministerio de Justicia tendría que cambiar de nombre y se tendría que llamar Ministerio de la Paz
¿Cuáles son los consejos que les daría a los jóvenes abogados?
Cuando comencé a ejercer la profesión teníamos las mismas sensaciones que tienen los jóvenes abogados de hoy, que consistía en que había aumentado notablemente la cantidad de abogados y que era muy difícil poder insertarse en el mercado laboral, añorando épocas pasadas donde los abogados eran pocos y con algunas sucesiones podían cambiar su situación económica y arrancar en el ejercicio profesional. Creo que hay que partir de la base de que siempre va a haber trabajo para los abogados en la medida en que sepan tributar a la función social de la abogacía y eso se logra con pautas éticas y capacitación profesional. Hoy que tenemos una sociedad muy compleja cada vez más se necesita de aquellos que manejen las normas y que sepan resolver los conflictos que se generan en esa sociedad.
Ética por un lado y capacitación por otro creo que son las llaves para poder ejercer la abogacía en forma independiente. En la medida en que nuestra profesión esté jerarquizada a todos nos va a ir mejor.
“El sistema judicial de la provincia de Santa Fe hoy no es bueno”
El Ministro de Justicia y Derechos Humanos aseguró que desde el gobierno están trabajando sobre un nuevo mapa judicial para que el acceso a la justicia sea posible. Además criticó la Ley de Ministerio Público, detalló los cambios en el Consejo de la Magistratura y profundizó sobre la problemática de los menores y los delitos afirmando que “hay un pico de violencia muy notable que nos ha colocado a nivel de homicidios entre los primeros en Latinoamérica”.
No es lo mismo el sur que el norte para la radicación de las agencias judiciales, hay que tener en cuenta
índice de litigiosidad.
Prof. Sánchez Fabián – Periodista.
Dr. Bukovac Carlos – Abogado.
¿Cuándo se dio cuenta que quería ser abogado?
Te voy a contar dos hechos: primero que sin ningún tipo de relación familiar con la abogacía, en la primaria y sin saber bien porqué ya quería ser abogado. Muchos años después cuando una vez me encontré con una persona que yo estime que era inocente, sometida a una situación tremenda de la vida y ante una injusticia muy significativa, decidí asumir la defensa porque me acorde de aquella sensación que tuve en la primaria y me dije: si no asumo esta defensa no tenía sentido el haber vivido esa experiencia vocacional cuando era chico.
¿Cómo describirías el estado actual de la justicia en la provincia de Santa Fe?
La calidad institucional del sistema judicial de la provincia de Santa Fe hoy no es buena, y en algunas áreas como la procesal penal es malo. Esto lo digo haciendo una distinción entre lo que es el sistema y la gente. Me refiero a los sistemas no a la gente, ya que tanto entre los jueces, los fiscales como también los que ejercen la profesión hay un material humano muy valioso.
¿Cree que es correcta la distribución territorial del sistema judicial en la provincia?
El gobierno está trabajando sobre un nuevo mapa judicial que va a distribuir los tribunales en las cinco regiones de la provincia de acuerdo a la densidad demográfica y los índices de litigiosidad. No es lo mismo el sur que el norte; para la radicación de las agencias judiciales - fiscalías o tribunales – hay que tener en cuenta la densidad demográfica, el índice de litigiosidad y la estructura de caminos para que el acceso a la justicia sea posible.
¿Cómo se logra cambiar el sistema jurídico?
Para poder cambiar y lo acoto al sistema penal, que nos está en este presente involucrando a todos, hay que trabajar en tres niveles. Por un lado tomando como referencia al Código Procesal Penal que ya está sancionado hace falta la base normativa para que sea operativa, concretamente la Ley de Ministerio Público, Ley del Ministerio de la Defensa, la regulación de lo que sería la colegiación de los jueces u oficiales de gestión judicial, la Ley de Implementación y la Ley de Transición. En otro nivel hace falta la capacitación de los operadores y por último hace falta la infraestructura adecuada donde uno de los puntos importantes es el nuevo mapa judicial. En ese sentido los dos organismos que mayor reforma de infraestructura han de tener son las fiscalías y las defensorías.
¿Qué defectos encuentra en el proyecto inicial de la Ley de Ministerio Público?
El proyecto tiene muchos defectos. Hay una cierta incompatibilidad en una combinación Código Procesal Penal-Constitución-ley de Ministerios. El sistema del Código Procesal Penal presenta un modelo adversarial, esto significa que el diseño se apoya en dos partes de plano de igualdad que discute frente a un tercero imparcial, estas partes son el actor que podría ser público, el fiscal o privado querellante y el imputado. Para que este modelo funcione no tiene que haber vinculaciones ni entre el fiscal con la Jurisdicción ni entre la defensa con la Fiscalía. El proyecto de Ley de Ministerio tiene un primer problema que es que hace percibir a la Fiscalía por parte del Procurador de la Corte y entonces si el Procurador según la constitución de la provincia integra la Corte y luego preside a los fiscales estamos mezclando acción con jurisdicción, y si además dentro de esa estructura le colocamos la Defensa Pública estamos vinculando indebidamente acusación con defensa; por lo tanto ese diseño es incompatible con el modelo acusatorio y adeversarial.
¿Hay alguna otra crítica?
Hay otras críticas, como por ejemplo, el sistema de controles y la capacidad y fortaleza que se le da al jefe de los fiscales. Nosotros participamos en principio de la idea de que el jefe de los fiscales tiene que tener una gran fuerza ideológica en cuanto a que debe poder dictar instrucciones generales con carácter obligatorio pero no tiene que tener la capacidad operativa de poder abocarse a cada causa en particular, en nuestro diseño el sistema de control implica que esas disposiciones generales luego las tiene que hacer cumplir y traducir en disposiciones particulares el fiscal a cargo de cada Región. Esto genera una unidad de criterio pero por otra parte evita que una persona tenga un obsesivo poder que no sea adecuado a un modelo republicano.
¿En qué consistieron los cambios del Consejo de la Magistratura y cuales son sus beneficios?
Los cambios en el Consejo de la Magistratura apuntan a lograr transparencia, excelencia, celeridad, regionalización y participación popular. En el diseño constitucional el proponer a la legislatura jueces a los fines del acuerdo es una facultad exclusiva del Poder Ejecutivo, por eso que la palabra Consejo de la Magistratura hay que usarla en su justa medida en la provincia de Santa Fe, no es lo mismo a la idea tradicional entendida como órgano de gobierno del Poder Judicial. En ese sentido ya hace unos años se ha ido diseñando una autolimitación de esa facultad mediante un proceso de selección que cada gobernador fue estableciendo. El nuestro que pensamos que es superador que los anteriores tiene en cuenta tres puntos clave: a) la capacitación técnica, b) la aptitud psíquica, c) el compromiso con el Estado de Derecho que son los requisitos que creemos válidos para cualquier Magistrado considerando la importante función que tiene que desarrollar.
¿En qué consiste cada uno de estos puntos claves?
Respecto a la capacitación técnica se logra mediante un concurso de antecedentes y oposición, y como jurado de ese concurso se han convocado a representantes propuestos por los Colegios de Abogados, Magistrados y universidades públicas. Un segundo tramo es el de análisis psicotécnico y luego viene el análisis de compromiso con el Estado de Derecho y con la vigencia del sistema constitucional y los tratados internacionales, y esto se trata de lograr mediante una entrevista pública que se efectúa delante de un tribunal evaluador integrado por representantes de las universidades y el Secretario de Justicia en la cual y aquí aparece lo de la participación ciudadana que puede formular preguntas las personas que asistan, pero hay requisitos, por ejemplo las preguntas no pueden ser dirigidas a un candidato sino que la misma pregunta se les hace a todos los candidatos ternados.
En el proceso de selección técnico el que no logra determinado puntaje queda separado del concurso y los que llegan a tener ese mínimo generan un orden de mérito. Ese orden es lo único que puede alterar quienes realizan la entrevista, por lo tanto la terna es obligatoria en cuanto a los integrantes y solo puede fundadamente en la entrevista modificar el orden de mérito, y de ahí sale la terna definitiva que se le presenta a cada gobernador que también fundadamente puede modificarla porque sino sería un modelo inconstitucional dada que la facultad es del gobernador.
¿Cuál sería la función de los centros de asistencia judicial que están por crearse?
Cuando se modificó la Ley de Ministerio dentro del área del Ministerio de Justicia una de las competencias que se les atribuye fue la de generar mecanismos, proyectos y programas que favorezcan el acceso a la justicia y la asistencia judicial.
En el marco de esa competencia nos parece muy importante que existan centros de asistencia judicial a los fines que las personas que no tengan posibilidades de contratar un abogado particular encuentre en ese servicio, por eso lo de asistencia, brindado por el Estado.
No desconocemos las existencias de las Defensorías dentro del Poder Judicial e incluso las barriales dentro de Rosario y Santa Fe pero también somos concientes que están rebasadas por el trabajo y por otra parte es una desarmonía institucional porque tienen que litigar frente a esos tribunales personas que integran el mismo poder que los jueces.
Hay un decreto que crea centros de asistencia en la provincia para lograr que este servicio favorezca el acceso a la justicia y además dentro de estos centros va a haber una oficina de asistencia de atención a las víctimas.
¿Dónde estarán ubicados los distintos centros?
En este sentido estamos decididos a poner en marcha el centro prioritariamente en la ciudad de Santa Fe porque hay un pico de violencia muy notable que nos ha colocado a nivel de homicidios entre los primeros en Latinoamérica después de San Pablo y de Bogotá y por ello pensamos que asistiendo a las víctimas y en este sentido seguimos las recomendaciones de las Naciones Unidas no solo vamos a cumplir con un deber del Estado sino que también vamos a favorecer a pacificar a la sociedad. Porque si una persona víctima no se siente asistida y no se le dan los instrumentos para que pueda hacer valer sus derechos ante la justicia puede verse tentada a agarrar un palo y de ahí se desencadena un espiral de violencia cada vez mas largo.
Teniendo en cuenta el aumento de la inseguridad, ¿Van a trabajar en conjunto con el Ministerio de Seguridad?
Si, el gobierno es uno solo. En mi ministerio hay tres actuaciones que tienen que ver directamente con la seguridad y que son: los centros de asistencia judicial y asistencia de la víctima, la justicia penal juvenil y nosotros también tenemos el Patronato de Liberado que es una inclusión muy importante porque capta al que va a salir de la cárcel desde antes de que salga y lo sigue en los primeros tiempos en que se encuentra bajo la libertad condicional y ese es el lapso en el que la persona tiene el mayor riesgo de reincidir. Si nosotros logramos, que actualmente no se hace, que se cumpla no solo con el control sino también con la asistencia a esa persona seguramente vamos a bajar los índices de reincidencia y estamos tributando a la seguridad.
¿Qué soluciones ve posible para solucionar las malas condiciones del IRAR?
El IRAR es hoy un nombre y un paradigma que tenemos que cambiar, sin embargo la justicia penal juvenil se ha visto beneficiada por el Ministerio por una serie de cambios normativos muy importantes a partir de la Convención de los Derechos del niño, de los tratados internacionales de los Derechos Humanos, de la Ley Nacional dictada en consecuencia, etc. Hoy el Estado debe generar y ofrecer programas que apunten por un lado a dar seguridad a la gente pero por otra parte a permitir que esta persona sea respetado en sus derechos y sea favorecido en su reinserción social. Nosotros estamos profundizando y reformulando tres programas: los programas de libertad asistida, los programas en lugares donde si bien se permite estar en un encierro se llama de puertas abiertas, porque la persona no puede salir pero no hay una medida física que los contiene, es como un internado y luego los lugares que se llaman de puertas cerradas donde la persona está detenida y hay un sistema de seguridad, en esta categoría se encuentra el IRAR.
Nosotros al IRAR tenemos la decisión política de cerrarlo porque no me sirve para los programas adecuados a estas exigencias, no lo podemos hacer ya porque no tenemos el establecimiento donde trasladarlo, tenemos si el diseño del establecimiento y enfrentamos un problema muy serio que es el lugar físico porque todo el mundo quiere que la gente este en las cárceles pero cuando uno quiere hacer una cárcel nadie la quiere tener cerca.
¿Qué medidas se están tomando mientras se espera el traslado?
Mientras tanto estamos trabajando en un proceso de recuperación de la normalidad en el IRAR, no se si ustedes recordaran que fue intervenido y estuvo totalmente a cargo del servicio penitenciario. Ahora estamos retomando con operadores de la Dirección del Menor en conflicto con la Ley Penal toda la parte de asistencia médica, queremos llegar a tener todo el trato con los internos a cargo de operadores del Ministerio de Justicia y dejar el servicio penitenciario para la custodia perimetral para que no se escapen, distinguiendo lo que es tratamiento y seguridad.
¿Los menores en situación de abandono deben ser responsabilidad del Poder Ejecutivo o de los jueces?
El viejo patronato fue derogado en función de las Convenciones Internacionales por la sencilla razón que el modelo que se llamaba de la situación irregular el menor abandonado y el menor en conflicto con la Ley Penal recibía un tratamiento similar que era el encierro y que hizo que la Corte dijera que es un problema de “etiquetas”, que yo a uno le dijera que estaba encerrado por abandono o le diga que esta encerrado por estar en conflicto es un problema de etiqueta pero la realidad es la misma que estaban encerrados; quiere decir que respecto a la situación de abandono es un problema que yo creo que cae en cabeza del Poder Ejecutivo y eso es claro cuando no hay conflicto con la Ley Penal.
Hay una situación gris que es cuando la persona entra en conflicto con la Ley Penal y es inimputable, menor de 16 años, y demuestra cierta peligrosidad porque nuestra ley de responsabilidad penal de los menores les daría alguna facultades a los jueces para intervenir. Luego están los de 16-18 con posible responsabilidad penal donde es competencia de los jueces en función del menú que le ofrece el Estado y luego del diagnóstico colocar a los menores en alguno de los programas. Pero nosotros estamos convencido que el Poder Ejecutivo tiene que hacerse cargo de la situación con o sin intervención de los jueces.
¿Y en cuanto a todo menor de 16 años con problemas de drogas?
Es una tarea del Estado el tema de la drogadicción, son tres ejes que se suelen cruzar: abandono, drogadicción y delito. Los chicos abandonados suelen caer en la droga y luego suelen caer en el delito. En el tema adicción dentro del Ministerio de Desarrollo Social estamos desarrollando un centro de adicciones que no significa un lugar para encerrar a los adictos sino que es un lugar especializado en el tratamiento de personas que tengan adicciones y lo que vemos que la mayoría de los menores no son adictos en el sentido estricto de la palabra, es decir que no son drogadependientes sino que son experimentadores con tendencia a poder ser adicto, o sea que se puede trabajar con ellos y que además su cercanía con las drogas es una cercanía muy especial, se drogan con cualquier cosa lo que evidencia en el fondo un grave problema de abandono.
¿Cómo se van a controlar las manifestaciones sociales y los cortes?
El tema de la conflictividad social y el Derecho Penal es un tema delicado porque por un lado no hay que penalizar los conflictos sociales pero por otra parte no podemos permitir que se viole la cultura de la legalidad. Lla mejor manera de enfrentar estas situaciones es tratando de lograr al conflicto que la instala una situación pacifica. Solamente habrá que llegar a otro tipo de medida cuando se agoten las instancias pacificas que son muchas, por eso hemos convocado a todos aquellos que integraban el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado que quisieran capacitarse como negociadores y pacificadores para que ante una situación de esta naturaleza intentar destrabar pacíficamente el conflicto o buscar la manera de que la protesta no caiga sobre los derechos de los demás; en ese equilibrio creo que esta la salida.
¿Cuáles cree que son las ideas antiguas que hay que cambiar?
Por ejemplo confundir garantismo con falta de eficacia. El garantismo sin eficacia no existe, la eficacia sin garantismo es totalitarismo. No es eficacia vs garantía es eficacia con garantía, ese es el desafió. Cuando hablamos de garantías estamos hablando de garantías y de Derechos Humanos de todos los que participan en el drama, que luego se ventila en un proceso penal; víctimas y victimarios. Lo que pretendemos nosotros es que el Estado actúe, que lo haga con todas las energías pero respetuoso de los derechos y garantías de todos los que intervienen –víctimas y victimarios- yo he criticado muchas veces el sistema santafesino, entre otras cosas, porque no permite la querella y de tal suerte está violando el derecho de las víctimas a una tutela judicial efectiva que le garantizan los tratados.
En una oportunidad dijo que desea crear “el mejor sistema de justicia”, ¿Cómo se logra?
Uno siempre aspira a hacer lo que cree que mejor tiene que hacer. Le puedo decir cual es mi fantasía de mejor sistema de justicia. En materia penal, por ejemplo, creo que el mejor sistema de justicia es aquel que logre que las personas que han llegado a tener una situación tan violenta como es el delito pueda recomponer en alguna medida esa relación alterada, eso significa una intervención estatal importante, eficaz, no prescindiendo de lo que le pasó a la victimita y no prescindiendo de la historia y situación del imputado. Si nosotros logramos que la reacción del Estado comprenda el drama de la víctima y el drama del imputado y aplique la ley equilibradamente yo ceo que el Ministerio de Justicia tendría que cambiar de nombre y se tendría que llamar Ministerio de la Paz
¿Cuáles son los consejos que les daría a los jóvenes abogados?
Cuando comencé a ejercer la profesión teníamos las mismas sensaciones que tienen los jóvenes abogados de hoy, que consistía en que había aumentado notablemente la cantidad de abogados y que era muy difícil poder insertarse en el mercado laboral, añorando épocas pasadas donde los abogados eran pocos y con algunas sucesiones podían cambiar su situación económica y arrancar en el ejercicio profesional. Creo que hay que partir de la base de que siempre va a haber trabajo para los abogados en la medida en que sepan tributar a la función social de la abogacía y eso se logra con pautas éticas y capacitación profesional. Hoy que tenemos una sociedad muy compleja cada vez más se necesita de aquellos que manejen las normas y que sepan resolver los conflictos que se generan en esa sociedad.
Ética por un lado y capacitación por otro creo que son las llaves para poder ejercer la abogacía en forma independiente. En la medida en que nuestra profesión esté jerarquizada a todos nos va a ir mejor.
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